Ahora que estamos en vísperas de que sean aprobadas las proyecciones recaudatorias y de gasto público, mismas que les permitirán a los gobiernos nacional y estatales enfrentar sus obligaciones para el próximo año, salen a relucir de nuevo esos cuantiosos daños al erario que representan las deudas de administraciones pasadas.
A nivel federal el caso del FOBAPROA (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), vuelve a ser tema de discusión en estos momentos en que los legisladores discuten la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 2025.
De manera muy resumida conviene recordar que el mentado FOBAPROA, no fue sino el contubernio entre el Gobierno y los banqueros, quienes se coludieron para activar en 1995 ese Fondo que se había creado cinco años antes, el cual ante la crisis económica que enmarcó el cambio de administración de Salinas a Zedillo (con una devaluación del peso mayor al 300%), se optó indebidamente por comprarles la deuda de los bancos, que en ese entonces ascendía a 552 mil 300 millones de pesos.
El uso de capital del Estado para dar liquidez a los bancos, fue señalado como un acto de corrupción y aprovechamiento por parte de los banqueros, quienes ingresaron las deudas de sus instituciones a la cartera vencida que rescató el gobierno.
Actualmente, el FOBAPROA no existe como tal, la figura del fondo fue disuelta para convertirse de lleno en parte de la deuda pública interna del país y con ello se dio paso a la creación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Actualmente, esta deuda ya nos ha costado más de un billón 190 mil millones de pesos en intereses, mismos que contemplan los pasivos del propio IPAB y el programa de apoyos a deudores de la banca.
Por todo lo anterior resulta muy alentador que en la Cámara de Diputados federal, se esté sometiendo a análisis la posibilidad de ya no seguir pagando esta deuda, lo cual de entrada dejaría para el 2025 más de 65 mil millones de pesos libres, que bien podrían destinarse a otros rubros como el campo y la pesca, actividades esenciales que vienen con serias reducciones para el próximo año en el PEF.
Sobre esta postura ya se han pronunciado el PRI y el PT; sin embargo, es Morena a través de su coordinador Ricardo Monreal, quien ha señalado que no es tan fácil como decretarlo, sino que se tienen que considerar las repercusiones de incumplimiento con los acreedores del Fondo.
Se entiende la necesidad de analizar bien esas posibles repercusiones, pero con el domino casi absoluto que posee el partido en el poder, donde se han hecho reformas controversiales sin consensos y desaparecido organismos autónomos importantes, reformar la Ley de para dejar de seguir pagando esa deuda, se visualiza más como una decisión de voluntad que de factibilidad.
Ante el posicionamiento de Monreal, el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, expresó que el no continuar destinando recursos al FOBAPROA no significa dejar sin protección a los ahorradores de la actualidad, ya que el IPAB mantendría los fondos para dar seguridad a ellos, solamente se dejaría de trasladar dinero para los pagos que desde hace varias décadas se hacen a los bancos por deudas de dudosa calidad.
Para ello, además de las necesarias reformas que tendrían que hacerse a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, propuso la creación de una Comisión Especial para liquidar el Fondo.
¿Y CON LA DEUDA DE QUIRINO?.– Ya en el plano local (Sinaloa), existe también un funesto legado heredado por el ex gobernador Quirino Ordaz Coppel, el cual impactará fuertemente en el Presupuesto Estatal de Egresos del 2025, toda vez que será a partir del próximo año cuando se empiece a pagarle al SAT una deuda que asciende ya a 2 mil 200 millones de pesos.
Esta situación fue producto de evasiones fiscales y auditorias amañadas, las cuales ya han sido develadas por el propio Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.
La pregunta que surge en este caso, como tantas que han surgido en torno al FOBAPROA, es por qué si esos dos desfalcos son consecuencia de corruptelas o contubernios de gobiernos anteriores, más allá de si es posible o no dejar de pagarlos, so pena de violar mandatos judiciales o legislaciones vigentes, lo que nunca se vio (con el FOBAPROA) y no se ha visto hasta hoy (con la deuda al SAT), es la aplicación de sanciones a quienes las ocasionaron.
REPUESTA A DEMANDAS.– Con beneplácito fue recibido el anuncio de ayer, donde el Gobierno del Estado de Sinaloa destinará 62 millones pesos a locatarios, tiangueros y vendedores ambulantes.
. ¿Qué más apoyos no se les podría brindar con los millones que indebida pero legalmente se le tiene que pagar al SAT?.