Héctor Melesio Cuén Ojeda
En México no solamente es excesivo el financiamiento público a los partidos políticos, sino que es un exceso multiplicado por dos, pues las entidades federativas les otorgan una cantidad idéntica de recursos al tener homologada en la legislación local la misma fórmula contenida en el artículo 41 de nuestra Carta Magna, el cual en su fracción segunda establece que “el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.”
Desde que fundamos el Partido Sinaloense (PAS), uno de los temas que hemos abordamos como compromiso político ha sido precisamente reducir el financiamiento público a los partidos, en ese sentido hemos definido como un principio partidario interno la preeminencia del trabajo voluntario y en el terreno de la acción legislativa el 18 de octubre del 2018 presentamos una amplia iniciativa ciudadana ante el Senado de la República, para que se reformará la Constitución federal eliminando el doble financiamiento y además reduciéndolo a poco más de la mitad.
En el PAS nos sentimos muy orgullos de ser el único partido que, en los hechos no sólo en el discurso, ha logrado reducir el financiamiento público a los partidos. Y lo logramos cuando en la 61 Legislatura revertimos la abusiva fórmula local que ya se había implantado en el artículo 65 de la ley electoral de Sinaloa, y mediante una acción de inconstitucionalidad (66/2015) interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, logramos que la bolsa total de financiamiento no se calculará multiplicando el padrón electoral por el 75 por ciento del valor de la UMA, sino del 65 por ciento como está en la Constitución federal (en nuestra propuesta de reforma federal por cierto proponemos ir hasta el 30%). La Suprema Corte nos dio la razón y gracias a ello los sinaloenses hoy pueden contar con un espacio mayor de recursos públicos para destinarlo a políticas de desarrollo social o humano.
Asimismo, hemos incorporado al debate público nacional el concepto del “doble financiamiento”, que en los circuitos de deliberación electoral no se menciona porque se asume como un hecho normal que los partidos puedan recibir financiamiento público de la Federación replicado en la misma proporción por los gobiernos estatales. Si en materia fiscal está prohibida la doble tributación, los ciudadanos no tenemos porque financiar por partida doble a los partidos políticos, máxime que la razón primigenia que dio origen a estos montos ingentes de recursos públicos por allá en el año 1996, ya no tiene razón de ser, pues era dotar a todas las fuerzas políticas de recursos dignos para su operación, y en 2023 el partido que menos dinero recibirá, el PT, obtendrá poco más de 430 millones de pesos.
Para el próximo año, el Instituto Nacional Electoral (INE) está solicitando a la Cámara de Diputados un financiamiento público federal para todos los partidos por un monto de 6,233.5 millones de pesos. Si existiera voluntad política, aún sin cambios a la ley, los partidos podrían acordar con las autoridades, darle un fin más útil a ese dinero en estos tiempos de bajo crecimiento económico.
En 1996 los dirigentes nacionales del PAN (Felipe Calderón) y del PRD (Andrés Manuel López Obrador) se negaron al inicio a erogar partidistamente los entonces novedosos y excesivos montos de financiamiento: el primero lo regresó (sólo unos meses) a la autoridad electoral y el actual presidente López Obrador lo utilizó para donar libros de texto de secundaria, que en ese tiempo no eran gratuitos en ese nivel escolar. Hace dos años, en uno de los momentos más críticos de la pandemia del Covid-19, el PAS decidió donar cerca de 600 mil pesos para apoyar el empleo que generan las Mipymes sinaloenses, pidiendo a las autoridades estatales hacer el tramite correspondiente para que el recurso pasista tuviera ese fin. La donación se hizo efectiva, el destino que le dio el gobierno estatal no quedó muy claro por cierto.
México es un país con recursos escasos y la prioridad no debiera ser el financiamiento público a los partidos políticos. El dinero público debe ir a los rubros importantes como la salud, la educación y el apoyo a los factores detonantes del desarrollo económico y social. En el PAS tenemos esta convicción, y esperamos que el resto de las fuerzas políticas, más temprano que tarde se unan a la causa para hacer realidad este urgente reordenamiento de prioridades.
Excelente inicio de semana.