La democracia no es sólo depositar el voto en la urna, eso apenas es el principio. La democracia no se agota el día de la elección. El compromiso ciudadano con la democracia debe refrendarse todos los días a través de nuestra conducta personal y en la relación con los demás, respetando las leyes, participando en causas sociales y contribuyendo al desarrollo integral de la nación.
Un asunto de la agenda pública que venturosamente siempre ha estado avanzando al margen de los procesos electorales, es la consolidación de los derechos políticos de la mujer, primero mediante acciones afirmativas materializadas en las llamadas “cuotas de género” hasta llegar a la implantación constitucional del principio de paridad (artículo 41) y su aterrizaje en la conformación igualitaria del Congreso de los Unión y en diversos órganos constitucionales autónomos.
Un extenso testimonio de este proceso, la podemos encontrar en la compilación que acaba de publicar el Instituto Nacional Electoral (INE) titulada Experiencias y buenas prácticas en la observancia y aplicación del principio de paridad y acciones afirmativas durante el proceso electoral y federal 2020-2021. Se trata de una revisión estado por estado de la República para revisar la manera en que se legisló la normatividad de la paridad y los resultados concretos que ha tenido.
Se trata de un documento muy didáctico, de mucha utilidad no sólo para los especialistas en el tema, sino también para todo el público que quiera saber el proceso particular de cada estado o bien la consulta general para construirse una visión en entero del país. Dado que analiza todos los estados de la República, es posible cotejar de múltiples maneras cuáles medidas han tenido mayor impacto, qué entidades han conseguido mejores resultados y cómo se pueden implementar esas medidas que arrojen mejores experiencias en la población.
En términos políticos, se puede afirmar sin temor a errar que estamos ante un momento histórico en el que por primera vez la participación de las mujeres ha roto récord y la paridad en una realidad en muchísimas partes del país. Esa definición de paridad entendida como la participación equilibrada, justa y legal, que asegura que al igual que los hombres, las mujeres en toda su diversidad tengan una participación y representación igualitaria en la vida democrática de nuestro país, hoy es más cercana que nunca.
Si bien el principio de paridad legislado en 2014 fue muy importante en su momento pues elevó este criterio a rango constitucional, fue hasta la reforma constitucional de junio de 2019, conocida como “Paridad en Todo”, que se hizo transversal y provocó los extensos resultados que hoy estamos viendo.
Dicha reforma modificó los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando que la mitad de los cargos en los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en los municipios que se rigen bajo sistemas normativos indígenas, fueran integrados de forma paritaria. Por lo anterior, el Proceso Electoral Federal 2020-2021 fue muy relevante, toda vez que fue el escenario en el que por primera vez se introdujo la “Paridad en Todo”, en una elección en donde se eligieron más de 20 mil cargos públicos.
En el caso de Sinaloa, el estudio del INE hace un recuento amplio sobre las reformas que se han implementado en la entidad en materia de paridad de género, desde la incorporación en la Constitución del principio de paridad (01/Jun/2015) aplicado a partir del proceso electoral 2015-2016. Asimismo, aborda la armonización de la reforma constitucional del 2019 (Paridad en todo), donde se materializaron las reglas necesarias para lograr la paridad en postulación e integración por parte de las mujeres sinaloenses, al aprobarse el 10 de septiembre del 2020 la modificación a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.
Los número que ha arrojado este proceso de cambio en el arreglo normativo electoral ha sido el siguiente: En los últimos tres procesos electorales, el número de presidentas municipales ha pasado de cinco en 2016, a seis en 2018 y siete en 2021. Síndicas procuradoras: trece en 2016, doce en 2018 y once en 2021. Regidoras: 110 en 2016, 75 en 2018 (impactadas por la reducción de los ayuntamientos) y 83 en 2021. Y diputadas: 18 en 2016, 19 en 2021 y 23 en 2021.
Una asignatura pendiente en nuestro caso sería la presencia de la mujer en las presidencias municipales de los cuatro municipios más grandes del estado, pues en los últimos años la presencia de los hombres ha seguido predominando, a pesar de toda la normatividad aquí reseñada. Tengo la convicción de que sin mujeres no hay democracia, y en el PAS seguiremos ampliando las oportunidades a la mujeres, ratificando nuestro compromiso con la igualdad de género como lo hemos hecho desde el 2013 cuando aplicamos el principio de paridad antes incluso de que la leyes lo exigieran.
Excelente inicio de semana.