Gabriel Yáñez Pérez
Por si no fuera poco con la ola de violencia que se vive en la zona centro del Estado, principalmente en Culiacán, ahora con la revisión (revista le llaman) extraordinaria de armamento, que viene realizando la SEDENA a los policías municipales desde el pasado martes, la ciudad capital y sus sindicaturas ha quedado en una total indefensión. Como consecuencia de ello y de acuerdo a la COPARMEX, los asaltos, robos y vandalismo han aumentado un 20 por ciento en estos últimos días.
Ante esta situación, el Gobernador del Estado, Dr. Rubén Rocha Moya, anunció en su conferencia de ayer, que será la policía estatal con el apoyo de la Guardia Nacional quienes, en tanto se les regresa su armamento a los policías municipales, realizarán los operativos de vigilancia urbana, dándole prioridad a los bancos y las zonas comerciales.
Aquí la preocupación es que si bien con esos elementos es posible cubrir esos sectores mencionados, que por obvias razones son los más vulnerables y afectados, aún quedarían muchas zonas de la ciudad y sus sindicaturas que seguirían en la orfandad de vigilancia. Después de todo, aún con todo y la falta de preparación (física y académica) que caracteriza a la mayoría de los policías municipales, y ya no digamos de su colusión con el crimen organizado, debemos reconocer que la sola presencia de estos con sus rondines, logra por lo menos inhibir en cierta medida, esos delitos del fuero común que se catalogan de carácter urbano.
Además, a estas deficiencias de preparación con las que operan las policías municipales en el estado, hay que agregarle el enorme déficit de elementos que se viene padeciendo desde por lo menos una década. Por ejemplo en Culiacán, que por su número de habitantes debería contar con alrededor de dos mil efectivos, la cifra apenas alcanza la mitad de ellos, incluidos policías y agentes de tránsito.
Con todo ello, la revisión de armamento que está realizando la SEDENA, pudiera de entrada parecernos totalmente inoportuna, sobre todo por el escenario que impera con la confrontación de las dos fracciones del cártel de Sinaloa; sin embargo, esta acción por el contrario, representa una señal de que por fin hay la intención del Gobierno Federal de enfrentar de forma más decidida la crisis de violencia que se vive, pues este tipo de decisiones siempre forman parte de una estrategia mucho más integral y focalizada. Lo anterior es previsible considerando que generalmente, estas acciones no sólo sirven para la validación y supervisión de armamento, y como lo dijo el Gobernador, constatar que no se haya hecho mal uso de ellas, sino que también es la antesala a protocolos más exhaustivos, dirigidos a indagar los posibles contubernios o nexos que las policías locales pudieran mantener con la delincuencia.
Esta estrategia la hemos visto en repetidas ocasiones y en muchas otras entidades de la República. En Sinaloa se recuerdan operativos similares no sólo en la capital, sino en otros municipios como Mocorito y Ahome, pero sin duda el momento más recordado es aquel a finales de los años ochenta, cuando siendo Gobernador del Estado Francisco Labastida Ochoa, las corporaciones federales acuartelaron las instalaciones de la policía municipal, debido a la existencia de claros indicios de que muchos de sus efectivos, estaban al servicio del crimen organizado.
Esperemos entonces que esta revisión de la SEDENA proceda tan pronta y expedita como sea posible, y que de ella se deriven estrategias más efectivas para combatir la inseguridad en la entidad y en todo el país. Sobre todo ahora que la Guardia Nacional, en sus labores de seguridad pública, ha quedado formalmente constituida como una rama operativa del ejército, aunque aún falte que se adecuen las leyes secundarias para su formalización.