El mundo, no solamente un país o un estado federativo, a través no de años, si no de siglos, ganó un valor social que ha demostrado serlo: que la enseñanza de instituciones de educación superior debe ser ajena a vaivenes políticos e intereses de grupo. La educación universitaria debe ser precisamente eso: educación, para que jóvenes que han demostrado su interés en aprender una profesión, tengan planes y programas que obedezcan a lo mejor que el mundo tiene para formarlos profesionalmente, y no como personas que en sus años de estudio hayan sido sometidos a adoctrinamientos ajenos a la profesión que han elegido estudiar, o a perder su tiempo y luego fallar en la vida profesional.
También la investigación universitaria exitosa es la que ofrece resultados útiles a la sociedad, y no a simulaciones de gasto para disponer de recursos ajenos a la función social universitaria. Lo mismo vale para las actividades de divulgación técnica, científica, literaria y cultural y de la llamada extensión universitaria. Todo eso debe servir a la sociedad y no a intereses políticos o ideológicos.
Ello se ha logrado, en el mundo, por medio de la llamada autonomía universitaria, es decir el autogobierno de una universidad en cuanto a sus programas de estudio, investigación y divulgación, y de administración de sus bienes y recursos. Los verdaderos docentes de todo nivel en una casa de estudios superiores, ponen en práctica y mejoran a través del tiempo, por experiencia, la formación profesional integral de sus alumnos. El éxito de esa meta se conoce por el desempeño de sus graduados en el mundo del trabajo o de la academia.
Así como la autonomía de las universidades, cuando se apega en su vida académica al lograr formar buenos ciudadanos profesionistas, y aportar conocimiento y desarrollo a la sociedad, ésta se lo reconoce, pero si falla en todo ello o en parte, la propia sociedad le rechaza y le exige cumplir. El juicio de la calidad y excelencia universitaria lo da la sociedad a la que debe servir. El prestigio universitario se gana o pierde a pulso.
Y para que la universidad pueda abocarse a la calidad académica, de investigación y de divulgación, es indispensable que lo haga por ella misma, con el apoyo benéfico de la sociedad, es decir por autogobierno, para que tenga los mejores docentes, los mejores administradores, y los mejores directores y órganos colegiados de gobierno interior. Nadie conoce mejor quiénes tienen las mejores cualidades para dirigirla académicamente que los propios miembros de la academia.
Y dentro de la autonomía académica de la educación superior, es importante que cada institución cuente con los recursos financieros suficientes para cumplir sus objetivos, cuya principal obligación, para las instituciones públicas, es del Estado. Los gobiernos deben darle con suficiencia y oportunidad los fondos necesarios del erario, y, por supuesto con el legítimo derecho a que la universidad rinda buenas cuentas del uso de esos dineros, que finalmente son de la sociedad.
Esto es el ideal, y funciona de una forma razonablemente humana, con las virtudes y debilidades de quienes integran un claustro académico. Así es la experiencia universitaria del mundo.
Pero la autonomía académica y el autogobierno estorban a quienes buscan el control de la instituciones universitarias para ignorar la función educativa de las mismas y ponerlas al servicio de sus intereses políticos e ideológicos. Esta es una lucha en que la sociedad no puede permitir que se pervierta la universidad, y debe protegerla por medio de leyes apropiadas que garanticen, a la propia sociedad, que la academia sirva a sus legítimos fines, y no a intereses ajenos, en especial a personajes o grupos de poder a quienes no les importa la universidad, sino servirse de ella sin que las leyes, reglamentos o prácticas ordinarias se lo impidan.
Una de las grandes luchas por la autonomía universitaria ejemplar, fue la de la Universidad Nacional de México, convertida en los años treinta del sigo pasado, por el esfuerzo propio ante los intereses de políticos externos, liderada por su entonces rector Manuel Gómez Morín, en lo que desde entonces es la Universidad Nacional AUTÓNOMA de México.
Por supuesto que la administración universitaria autónoma se puede ir perfeccionando a través del tiempo, eso, como todo conocimiento, se aprende, como ha expresado el rector Graue respecto a la UNAM. Lo que no se puede permitir, ciudadanamente, es que retroceda o degenere.
La sociedad debe respetar y en su caso defender una legítima autonomía universitaria, en cualquier lugar del mundo, lo cual ha sido una práctica social que ha demostrado ser muy valiosa a dicha sociedad. Cuando la universidad falla por mala administración, es la propia sociedad la que lo vive y la que reclama, pero cuando una universidad cumple sus funciones académicas de manera satisfactoria y legítima, también es la sociedad la que se lo premia, de muchas maneras.